El fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido, anunció que los controladores áereos que abandonáron sus lugares de trabajo se expondrán penas de hasta ocho años de prisión por el presunto delito de sedición.

La acción de los controladores causóel cierre del espacio aéreo español y obligó a decretar  “estado de alarma”, el hehco es considerado un delito muy grave sancionado con penas de entre tres y ocho años de prisión.

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